SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró conforme a la Constitución el Acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre legitimación marítima.
En el convenio, firmado por el canciller Roberto Álvarez, el gobierno cedió una parte importante de sus aguas territoriales frente a su costa sur, en el mar Caribe, a favor de las islas Aruba, Curazao y Bonaire, propiedad del Reino de los Países Bajos, según la denuncia de FP.
Manolo Pichardo, coordinador de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la FP, explicó en rueda de prensa que en el acuerdo no se reconoció la Ley número 66-07, que declara a la República Dominicana como estado archipelágico y define una Zona Económica Exclusiva que se expandió hasta 200 millas náuticas.
Dijo que los firmantes se basaron en el «principio de equidistancia» entre la República Dominicana y las colonias del Reino de Países Bajos en el Caribe, y no sobre el «Principio de Equidad».
«De esta manera, marcaron un punto medio en el mar tomando en cuenta las líneas de costa de los territorios dominicanos y neerlandeses», indicó.
Con la declaración de estado archipelágico, el territorio dominicano se marcó con una línea entre las islas exteriores que lo conforman, dejando en su interior más de 150 islas menores, un elevado número de arrecifes, emersiones y otros elementos naturales.
A partir de esta frontera, el dominio de República Dominicana sobre el mar se expandía y adentraba en el mar.
Fuerza del Pueblo expresó desconfianza en el criterio de los magistrados del TC que votaron en favor del acuerdo, sobre todo los últimos que fueron nombrados durante la administración de Luis Abinader.
«Nos resulta extraño que, de los siete magistrados recién incorporados al Tribunal Constitucional, solo uno de ellos, Amaury Reyes Torres, emitiera un voto salvado, y los demás votaran a favor de la constitucionalidad del acuerdo», se lee en el documento de protesta de FP leído por Pichardo.
Pichardo aseguró que la sentencia del TC se basa en el «principio de Equidistancia», utilizado en acuerdos previos con Colombia y Venezuela en los años 70, cuando aún no existía el marco legal que regula estos asuntos en la actualidad.
«Este acuerdo es lesivo a nuestra soberanía y viola la Constitución. No entendemos cómo el Tribunal Constitucional ha ignorado la Ley 66-07, que declara al estado dominicano como un Estado Archipelágico, reconociendo más de 150 islas menores y cayos que forman parte de nuestro territorio marítimo», afirmó.
Advirtió que «si el Congreso Nacional aprueba este acuerdo tal como está, se establecerá un precedente peligroso para la soberanía de la República Dominicana en disputas territoriales futuras».
