Es penoso y lamentable, que después de tantas iniciativas y campañas de prevención y de concientizar a las personas sobre el tránsito, es algo que sigue afectando profundamente a las familias dominicanas.
A propósito del trágico suceso ocurrido hace unos días en la comunidad de Bastida, municipio Las Yayas, provincia Azua, donde 6 personas perdieron la vida y 41 resultaron heridas tras el impacto de un camión, no podemos dejar de recordar otros lamentables accidentes que han marcado nuestra nación en los últimos años.
El accidente de junio del año pasado, en el que un autobús de transporte Espinal colisionó dejando 6 fallecidos y varios heridos, sigue siendo una cicatriz abierta. En Higüey, otro accidente cobró la vida de 9 personas. En mayo, dos menores murieron en Hato Mayor, mientras que 14 personas resultaron heridas.
El Bulevar Turístico del Este también fue testigo de una tragedia en octubre de 2022, en el cruce Domingo Maíz, donde murieron 19 personas, entre ellas 5 turistas, y 47 resultaron heridas. Y, en abril de 2023, en Las Garitas, Sánchez, Samaná, dos niñas perdieron la vida cuando dos camiones chocaron frente a su escuela.
Estas tragedias nos recuerdan la imperante necesidad de que el Estado haga cumplir las leyes de tránsito de manera estricta, garantizando que la justicia prevalezca. No podemos tolerar más la impunidad en casos de imprudencia vial. El Ministerio Público debe jugar su rol, dejar de ser tan vago, y actuar con determinación y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan. La vida de los dominicanos no puede seguir siendo sacrificada por la falta de control, justicia y conciencia vial.
Es vital recordar que la responsabilidad vial es compartida por todos nosotros, desde las instituciones del estado hasta los hogares de cada ciudadano, con el deber de contribuir para frenar esta epidemia de accidentes. Aunque si bien es cierto nadie sale a la calle con la intención de sufrir un accidente, mucho menos de causarle la muerte a nadie, debemos promover el respeto por las normas de tránsito desde nuestros hogares. La prudencia al volante y el respeto a las leyes son esenciales para la seguridad de todos.
Al mismo tiempo, el Estado debe aplicar la ley con mano firme, debemos tomar medidas necesarias en conjunto desde el INTRANT, DIGESSET, Obras Publicas y hasta la misma justicia, ya que no podemos seguir tolerando fallas en la implementación de las normativas. El control debe ser estricto y las sanciones, ejemplares. De lo contrario, continuaremos lamentando más vidas perdidas en nuestras carreteras.
Es momento de una acción conjunta. Desde las familias hasta el gobierno, todos debemos asumir nuestra responsabilidad para evitar que más hogares dominicanos queden marcados por la tragedia de los accidentes de tránsito.
Por Yiraldy Hernández, Abogada y comunicadora. Residente en El Factor, María Trinidad Sánchez
