El nombramiento del consejo presidencial de transición que debe liderar Haití hasta sus primeras elecciones desde 2016 sufre un retraso por detalles jurídicos, explicaron este viernes a la AFP dos fuentes políticas del país caribeño, golpeado en las últimas semanas por una ola de violencia pandillera.
Ese nuevo órgano asumirá el poder tras la renuncia del cuestionado primer ministro Ariel Henry, el 11 de marzo, y tendrá la tarea compleja de restaurar el orden tras años de inestabilidad política y de inseguridad en Haití.
Su creación fue anunciada el mismo día que la dimisión del dirigente, tras una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), que supervisa las negociaciones haitianas.
Pero su investidura se ha hecho esperar debido a desacuerdos entre quienes integrarán el consejo de nueve miembros, que representan a los principales partidos, al sector privado y a la sociedad civil.
A esas desavenencias se han sumado las dudas jurídicas suscitadas por la creación de un órgano que, por su carácter excepcional, no está contemplado en la Constitución haitiana.
Este viernes los partidos que designarán esas nuevas autoridades trabajan en un acuerdo político que reconozca la existencia del consejo de transición, indicaron dos miembros de esas formaciones a la AFP.
El miércoles por la noche, el gobierno saliente de Henry validó, por su parte, el proyecto de decreto para nombrar al consejo de transición, precisaron esas fuentes.
«Los partidos tienen hasta esta noche para transmitir esos dos documentos a la Caricom, que se encargará de entregarlos al gobierno (saliente) para que los publique» en el diario oficial de la nación, reveló este viernes un miembro del Colectivo del 21 de diciembre del primer ministro Henry.
Mientras los partidos negocian, las pandillas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe imponen el terror.
Varios de esos grupos armados se aliaron a finales de febrero para atacar comisarías, cárceles y sedes del gobierno, en un pulso contra Henry.
Su violencia obligó a más de 53,000 personas a huir de la capital entre el 8 y el 27 de marzo, agravando aún más la grave crisis humanitaria en el país.
Cerca de cinco millones de personas, casi la mitad de la población, están en situación de «inseguridad alimentaria aguda», según expertos de la ONU.
Con el aeropuerto y el puerto paralizados por el acoso de las pandillas, los haitianos deben lidiar con una escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.