La Junta Central Electoral (JCE) favoreció este miércoles la solicitud realizada por los partidos políticos de oposición en la que pidieron les sea otorgado el medio por ciento del presupuesto nacional para utilizarlos en las elecciones de este 2024, como establece la legislación actual.
El órgano electoral informó, a través de un comunicado, que remitió la demanda realizada por las organizaciones políticas opositoras el pasado 6 de febrero con su opinión favorable al despacho del presidente de la República, Luis Abinader; al viceministro de Presupuesto, contabilidad y contrataciones y Director General de Presupuesto (Digepres), José Rijo Presbot, así como al ministro de Hacienda, Jochy Vicente.
Además, la JCE acogió como positivo la entrega de los recursos económicos a las entidades políticas, contemplando la posibilidad de una “eventual segunda vuelta”.
“Finalmente, y aunado a lo recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA), este órgano reitera su posición favorable para que sea asignado y posteriormente distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, a los fines de preservar la equidad en la contienda electoral, la cantidad de RD$2,520,800,00, con lo cual se completaría el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales que establece la ley para el año electoral, y en coherencia con los términos indicados en la comunicación No. PRES- JCE-176-2024 de fecha 6 de febrero de 2024, cursada por este órgano a las autoridades correspondientes”, señala la carta firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo y que es dirigida a los candidatos presidenciales Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. En copia están el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Hacienda, Jochi Vicente y el viceministro de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Emitir opinión favorable en cuanto a lo solicitado por las organizaciones políticas antes citadas y por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), en el sentido de que, el monto que se le debe asignar para ser distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, es el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales para el presente año 2024 en el que serán celebradas elecciones generales ordinarias el 18 de febrero y el 19 de mayo respectivamente, incluida la posibilidad de una eventual segunda vuelta el 30 de junio de 2024, razón por la cual tenemos a bien informar el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y demás autoridades competentes, a los fines correspondientes», indicó la JCE el pasado 6 de febrero, cosa que es recogida nuevamente en esta comunicación.
Esta solicitud se encuentran dentro del pliego depositado el pasado lunes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicana (PRD), donde también reclamaron implementar mejoras en los protocolos de seguridad durante las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.
Así como también pidieron la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez.
La JCE aseguró que ha entregado en su totalidad a las entidades políticas RD$2,520,800,00, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado, donde aprueba el ejercicio presupuestario de este año.
Por otro lado, el órgano electoral valoró como positivas las recomendaciones que compartió la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de analizar la celebración de las pasadas elecciones ordinarias municipales del 18 de febrero.
En el informe preliminar de la OEA publicado el 20 de febrero, los espectadores internacionales motivaron a la JCE explorar mecanismos institucionales que permitan a las organizaciones políticas contar con recursos públicos para el desarrollo de las campañas presidenciales y legislativas venideras, en un marco de transparencia y equidad.
También, exhortaron al órgano electoral dotar de mayor certeza el marco jurídico relacionado con la asignación de recursos públicos para el financiamiento político de los partidos.
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