SANTO DOMINGO.- La intención del gobierno de la República Dominicana de crear una nueva Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), amparada en una nueva y polémica ley, se ha convertido en el principal tema de debate del país en las últimas horas.
Aunque la ley fue aprobada por el Congreso Nacional con el apoyo mayoritario de legisladores de los distintos partidos, incluyendo los de oposición, la misma ahora es objeto de cuestionamientos de distintas entidades, en su mayoría ligadas a los medios de comunicación, y de dirigentes de los mismos partidos cuyos legisladores votaron a favor de su aprobación.
La prensa destacó este lunes que de los cien diputados del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM), 77 votaron a favor de la nueva ley, dos se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.
En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno no votó y 21 no asistieron. Y de los 18 diputados de la Fuerza del Pueblo, 12 votaron sí, nadie se opuso, dos se abstuvieron y ocho no asistieron.
BLOQUES INDEPENDIENTES
Al menos 12 de 20 de los denominados bloques independientes y minoritarios apoyaron la citada ley que ya fue promulgada por el presidente Luis Abinader.
Mientras que en el Senado el proyecto fue sancionado con 21 votos a favor y cuatro en contra. La Fuerza del Pueblo presidió la comisión de esta cámara que dio el informe favorable a la pieza.
La votación contradice la posición pública asumida por dirigentes opositores, como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien calificó la ley de inconstitucional y «una amenaza a la libertad de expresión y la democracia».
AUTORIZACION LEGAL
De su lado, Rafael Tobías Crespo, vocero del bloque de diputados de la FP, había declarado que se supone que ningún organismo de inteligencia debería contar con autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano que no implique una potencial violación a la ley.
Quien ha sido coherente en el tema ha sido el gobierno, que ha defendido la pieza alegando que esta representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción.
Abinader entiende que hay una confusión en la compresión de la normativa, cuyo cuestionamiento por amplios sectores llevó a que la vicepresidenta Raquel Peña anunciara la conformación de una mesa para revisarla.
