La compañía de medios y entretenimiento Disney demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por «militarizar el poder del gobierno local» contra la compañía como castigo por ejercer su derecho legal a la libertad de expresión.
La demanda pretende bloquear la aplicación «inconstitucional» de una legislación aprobada por el estado, con el fin de asumir el control sobre el distrito de los parques temáticos de Walt Disney World en la Florida central.
La «campaña de represalias gubernamentales» dirigida por el gobernador republicano comenzó luego de que Disney condenara públicamente, el año pasado, la Ley estatal de Derechos de los Padres en la Educación, conocida como ley ‘No digas gay’, que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infancia hasta el tercer grado, así como otras lecciones que no se consideren apropiadas para la edad.
En la demanda se insiste en que Disney estaba «simplemente expresando un punto de vista político impopular para ciertos funcionarios estatales», informa AP.
La campaña legal lanzada contra la empresa «amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales», se afirma en el libelo presentado ante un Tribunal para el Distrito Norte de Florida.
La junta estatal de supervisión nombrada por DeSantis anuló el miércoles contratos de desarrollo cerca de Orlando, valorados por Disney en 17.000 millones de dólares, cosa que la empresa calificó de acto «claramente vengativo, antiempresarial e inconstitucional».
En Disney
El gobernador también ha amenazado con gravar los hoteles de Disney, cobrar peajes en las carreteras de acceso al parque temático, construir «más parques de atracciones» en propiedades cercanas e incluso edificar una «prisión estatal» colindante con Disney World, que atrae a millones de turistas cada año y emplea a 75.000 personas en el estado.
En febrero pasado, el gobernador, quien no excluye su postulación para rivalizar con Donald Trump por el bando republicano en la campaña presidencial, firmó una ley para poner fin al autogobierno de Disney y entregar el territorio de sus parques temáticos a la administración estatal.
