Santo Domingo.El exponente urbano Aderly Ramírez Oviedo (a) Rochy RD, deberá presentarse nueva vez a un tribunal en el Palacio de Justicia en la avenida Charles de Gaulle, en la ocasión por una acusación de Delito de Alta Tecnología y Derecho de Autor.
La jueza Yenny Dahiana Segura González, del Octavo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, instó a (a) Rochy RD a comparecer a la Sala de Audiencias, el miércoles dos de noviembre del año en curso, a las 9:00 de la mañana.
Por el momento no se tienen más detalles de este nuevo sometimiento.
Rochy RD fue favorecido por un archivo de un juez en la acusación formulada por Andrés Moisés Peguero Romero, quien lo acusa en violación de la Leyes 53-07 y 65-00, sobre Delito de Alta Tecnología y Derecho de Autor, respectivamente.
La decisión del archivo fue objetada por la parte demandante, quien asegura que Rochy RD no cumplió con el acuerdo que lo hicieron desistir de su denuncia.
“No se establece en qué consistió el acuerdo, solo que fue por una conciliación y no señalando en si fue transaccional o de otra índole, por lo que el señor Aderly Ramírez Oviedo, está siendo citado”, indicó la jueza Segura González.
Se recuerda que el cantante, está bajo investigación de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que lo acusa de presuntamente haber abusado de una menor de edad y ser parte de una presunta red de prostitución infantil.
Por estas imputaciones, el primero de mayo de este año, el juez Bernardo Coplín García, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso medida de coerción de prisión preventiva.
El 20 de julio, la medida cautelar fue ratificada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Poco después, dos agostos de este año, en una revisión ordinaria de la medida de coerción, un juez varió la medida de coerción de prisión preventiva.
El juez Marlon Espinosa, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, impuso una garantía económica de dos millones de pesos a través de una aseguradora, visitas periódicas al fiscal investigador e impedimento de salida del país.
En el transcurso de las investigaciones del Ministerio Público, se ha establecido que la presunta agresión sexual contra la menor de edad se registró en una villa en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este.