Se trata de una guía de control interno que deben aplicar las instituciones en sus procesos de compras y contrataciones.
Santo Domingo, D.N.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) presentó este martes el “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas”, un documento que busca dotar a los servidores públicos de los conocimientos básicos necesarios para prevenir conductas antijurídicas y contrarias a la ética pública; así como la identificación oportuna y el tratamiento de los conflictos de interés, inhabilidades y prácticas anticompetitivas.
El titular de la institución, Carlos Pimentel, destacó que la debida diligencia es un mecanismo de control y prevención de infracciones que permite que las instituciones tengan un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los oferentes, proveedores y de cualquier acto que intervenga en el proceso.
“En ese contexto, la aplicación de la debida diligencia ayuda a disminuir la vulnerabilidad de las instituciones en temas de riesgos legales, reputacionales, operativos, de lavado de activos, de corrupción, de integridad, financieros entre otros”, dijo Pimentel.
El “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas” es una guía de control interno que se aplicará en todos los procedimientos, sean ordinarios o de excepción, sin importar en qué etapa del procedimiento se encuentra el proveedor.
Con este documento se busca obtener información sobre los servidores públicos involucrados en los procedimientos de selección del contratista y de los proveedores con los cuales se establecerán vínculos contractuales, a los fines de tomar las mejores decisiones en el ámbito de las contrataciones públicas y gestionar de manera oportuna y eficiente los riesgos emergentes.
“Para la Dirección General de Contrataciones Públicas, este instrumento es de suma importancia, porque, además de que garantiza el comportamiento ético en las instituciones, mediante la identificación oportuna de conflictos de interés, la evaluación de riesgos de integridad, inhabilidades o régimen de prohibiciones, advierte sobre posibles riesgos de lavado de activos, complicidad y cohecho”, subrayó Pimentel.
También, promueve la juridicidad e integridad; así como el tratamiento, la investigación y la sanción efectiva ante faltas de conducta y actos antijurídicos.
De acuerdo con una nota de prensa de la DGCP, con este instrumento las entidades del sector público pueden ayudar a fomentar la integridad en los procesos de contratación pública y su aplicación es obligatoria.
En ese orden, en la medida que las instancias del Estado implementan la debida diligencia como una práctica institucional en las distintas etapas del procedimiento de contratación pública, pueden aplicar las sanciones correspondientes a servidores públicos y proveedores del Estado, cuando sea necesario.
A la actividad asistieron el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel A. Ramírez Sánchez; las directoras del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Yadira Henríquez; y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, María Elena Vásquez.
También, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Elisa Holguín.
Asimismo, representantes de las unidades de compra en donde se implementa el Programa de Cumplimiento Regulatorio.
Antecedentes
En abril de este año, el órgano rector emitió la circular DGCP44-PNP-2022-0001 en donde explica a los titulares de las entidades sujetas a la aplicación de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, la utilidad de la debida diligencia en los procedimientos de contratación pública.
