Apelan a su capacidad, compromiso con la nación y su vocación de servicio para que tome la decisión amparada en la ley 64-00
SANTO DOMINGO.- Organizaciones de defensa y protección del medio ambiente depositaron una solicitud formal al nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, para que investigue el expediente completo de las barcazas de generación eléctrica ubicadas sobre el río Ozama, propiedad de Seaboard Transcontinental y se dará cuenta de que las mismas son ilegales y lo que procede es su traslado inmediato por el daño que causan a la salud y al medio ambiente.
“Estamos confiados en que el nuevo ministro Miguel Ceara Hatton es un hombre que viene de los organismos internacionales y sabe que lo principal en un país es la educación y la salud. Estamos apelando a su bondad para que revise todo este proceso que se ha realizado de manera ilegal con relación a las barcazas que están en el río Ozama. Estamos seguros que el petitorio que le hemos hecho, lo va a ejecutar, que es que remueva ya esas barcazas de ahí, que las traslade a cualquier otro lugar porque ahí no pueden seguir”, afirmó Euren Cuevas, director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
Indicó que hacen esa petición amparados en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece que cualquier industria que pueda impactar de manera negativa la salud de las comunidades no se le dará ningún tipo de permisos ni el Ministerio de Medio Ambiente ni las alcaldías. “Es bien claro ese artículo 113 en su párrafo 1 que no pone en manos del Ministerio de Medio Ambiente permisos, es decir que tiene que negarlo inmediatamente”, dijo.
Expuso que Ceara Hatton debe revisar la decisión que se tomó en el año 2017 por el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, de negar la renovación de licencia a Seaboard Transcontinental y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía entonces, la Estrella de Mar II.
Informó que el nuevo ministro también debe investigar a fondo la resolución 0022-2021 del año 2021 que modificó la licencia ambiental 0003-01 renovada de fecha 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard, la cual autoriza la operación de la planta Estrella de Mar III, pero en sustitución de Estrella de Mar II. Y, sin embargo, la empresa lo que hizo fue poner a operar ambas plantas de manera paralela. Además, esa misma resolución otorgó un plazo de 2 años no renovable para que Estrella de Mar III sea trasladada.
“Las decisiones son ilegales porque en materia ambiental la ley no permite que se den permisos provisionales. Esos permisos deben estar amparados por un estudio de impacto ambiental y un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. Estamos completamente seguros que cuando el ministro revise todo eso y se entere de las ilegalidades que hay ahí va a tomar la decisión del traslado definitivo de esas barcazas”, planteó.
De su lado, Pablo de la Rosa, de la Central de Trabajadores Unidos (CTU), pidió al Gobierno, en las manos del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que investigue, a qué se debe que ministros pasados han violado la ley otorgando permisos provisionales.
“Nosotros confiamos en que el nuevo ministro tomará cartas en el asunto, al igual que el compromiso que hizo el Presidente el mes de octubre del año pasado en el recorrido que realizó. Nosotros confiamos y esperamos que las autoridades actuales cumplan con la ley y el compromiso que hicieron con la nación”, puntualizó.
Junto a esta solicitud, las organizaciones también le entregaron al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de esas barcazas afectan la salud de los moradores de sectores de la zona, tales como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, la Ciudad Colonial, entre otros.
Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.