uego de una investigación realizada por El Informe con Alicia Ortega, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas fueron apoderadas, para investigar, un informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en la que presenta una serie de irregularidades cometidas por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), con relación a la construcción del vertedero de Nagua.
Las pesquisas de la DGCP se dan a raíz de un trabajo investigativo presentado por El Informe con Alicia Ortega el 18 de abril, en la que revelaron que los trabajos de la segunda etapa de dicho vertedero, correspondiente a la estación de transferencia, se habían adelantado a la conclusión del proceso de licitación de la obra. La presentación de ofertas estaba programada para el 19 de mayo y la apertura de sobres para el día siguiente.
El documento de la DGCP, enviado al director del PROPEEP, Jose Leonel Cabrera (Neney) señala que, “de forma preliminar se ha observado que existen indicios respecto a que los trabajos adicionales en el vertedero de Nagua corresponden a la estación de transferencia -estación de tiro y rampa-, objeto del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. QST-CCC-LPN 2022-0011 (…)”, los cuales “se estarían ejecutando de forma anticipada”.
El Director de la DGCP, Carlos Pimentel, en una carta dirigida a Cabrera le señala que “a los fines de que el PROPEEP esclarezca los trabajos (…) y el objeto de los procedimientos de referencia, le recomienda detener los trabajos adicionales (…) así como suspender la Licitación Pública Nacional, en lo que respecta al Lote 1, vinculado al vertedero de la localidad de Nagua”.
El proceso de licitación fue sacado de la puja que cerró el jueves 19 de este mes y cuyas propuestas se abrirían al día siguiente vía zoom, para las restantes estaciones de La Vega, Higuey, Samaná, Las Terrenas y Haina.
El Informe con Alicia Ortega también dio a conocer un levantamiento topográfico de la obra, el cual revela que hasta el cuatro de mayo, el muro de lo que sería la plataforma de tiro y rampa que se había levantado registraba una altura de 2.80 metros, lo que significa un 70 por ciento de los cuatro metros que debe tener la estructura por encima de la zapata, según las especificaciones de los planos de la licitación que estaba en curso.
Los ingenieros independientes que realizaron el análisis de costos de lo construido hasta el 4 de mayo, estimaron su valor de RD$9,834,753.54, sobrepasando el 25 por ciento del costo total de la primera etapa de la obra licitada en agosto por un monto de RD$37,028,298.37, lo que no calificaría para una adenda, según lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones y su Reglamento.
Ingenieros ligados a la construcción habían declarado a El Informe con Alicia Ortega que los trabajos que se realizaban correspondían a una adenda de unos supuestos muros perimetrales “para el mejoramiento de suelo, por una geomorfología muy diferente (…) por el subsuelo no ser adecuado”. Sin embargo, la adenda no se había suscrito, aunque evidentemente los trabajos ya iban avanzados.
