SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia impuso la tarde de este viernes medidas de coerción a 15 personas que el Ministerio Público vincula al lavado de activos del narcotráfico en el Caso Larva, seis de los cuáles deberán cumplir un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova, informó que la jueza actuante acogió la medida solicitada por el Ministerio Público.
La jueza Katherine Rubio Matos acogió la solicitud de declaratoria de caso complejo que presentó el órgano de acusación.
“Primero, se acogió la medida solicitada por el Ministerio Público, se impuso prisión preventiva a seis de los imputados, garantía económica para cuatro y a otros impedimento de salida y presentación periódica”, detalló la representante del Ministerio Público al precisar a la prensa que todos están atados a medidas de coerción.
Al responder a las preguntas de si el Ministerio Público recurrirá la decisión para alguno de los imputados, la procuradora Nova Cabrera indicó que el organismo esperará el dispositivo de la jueza de instrucción para analizar las motivaciones expuestas en cada caso.
Los imputados Jorge Luis Herasme Estrella, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Russbell José Suárez Díaz (Ojitos) y Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano) recibieron 12 meses de prisión preventiva, mientras que a Domingo Ventura, el último en ser arrestado, le fue impuesta la misma medida en una audiencia separada.
En tanto que los imputados María Mercedes Ramona Estrella y Santa Fausta Rodríguez deberán presentar garantías económicas de RD$1 millón y RD$50 mil, mientras que James Alexander González Cubilette y Miguel Ramón Santos Comprés (Ray) por RD$500 mil, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal además dictó medidas consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país para los encartados Luis Ney Herasme Peña, Sarai Esther Herasme Estrella, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez y Yira Mariela Zimmermann.
En el caso de las empresas incluidas en el expediente, se declaró inadmisible la medida. Estas entidades con personería jurídica son Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
En este proceso, el Ministerio Público está representado por la procuradora de corte Nova Cabrera, junto a los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal; Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.
El Caso Larva persigue sanción judicial contra la red de lavados de activos desmantelada por el órgano de la persecución penal el pasado 27 de octubre, en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020, la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
