La Fiscalía del Distrito Nacional informó del arresto, este lunes, de Miguel de Oleo Montero, alias Miguelón, imputado en el entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario.
Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, indicó que en las próximas horas el Ministerio Público depositará la solicitud de imposición de prisión preventiva en contra del imputado, junto a la declaración de complejidad del caso.
La opción por esta medida de coerción responde a que De Oleo Montero tenía pleno conocimiento de las actividades a las que se dedicaba el grupo, lo cual constituye una violación expresa al ordenamiento jurídico establecido, transgrediendo la norma penal, y porque no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
A través de un comunicado, el órgano persecutor informó que De Oleo Montero está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La instancia presentada por el órgano de la acusación destaca que el grupo que integran Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero, Hilario Amparo y Johnny Portorreal, los dos últimos prófugos, se acercó a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero, con la finalidad de incluirlas en el proceso de cobro de una supuesta herencia dejada por Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), presuntamente reclamada en España y Suiza.
La fiscal encargada del Departamento de Investigación de Falsificaciones, Evelyn García, indicó que para la comisión del hecho los imputados captaban clientes y supuestos herederos de la familia Rosario, a quienes les aseguraban que contaban con los números de cuentas en las cuales se depositarían los montos resultantes de la distribución de la herencia.
Durante la investigación y según testimonios de los afectados, los encartados dijeron a las más de 280 víctimas que el dinero había sido transferido al Banco Central de la República Dominicana y posteriormente trasladado al Banco de Reservas, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich de Suiza, para cuyos trámites internos les requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
El órgano persecutor ha atribuido al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017, sobre Lavado de Activos.
