La Procuraduría General de la República y Misión Internacional de Justicia (IJM) acordaron un programa de formación para miembros del Ministerio Público y otros proyectos de cooperación para fortalecer las capacidades de prevención y persecución de la trata de personas y delitos conexos.
Con ese propósito, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el director en el país de IJM, José Gomes Monteiro Neto, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en el que se establece que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Escuela Nacional del Ministerio Público seleccionarán los miembros que participarán en un conjunto de talleres de capacitación y actualización en la materia.
Igualmente, destaca que la IJM elaborará el material formativo, acorde con un currículo establecido por ambas partes, y apoyará a los miembros del Ministerio Público en el desarrollo de actividades bajo su responsabilidad en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes o cualquier otro programa en ejecución.
Asimismo, la IJM proveerá consultoría permanente a la Procuraduría y elaborará, conjuntamente con la PETT, herramientas de gestión organizacional y de datos que faciliten su trabajo y el de otras unidades donde se conozcan casos de trata de personas y explotación de niños, niñas y adolescentes, con los cuales compartirá análisis estadísticos para la toma de decisiones.
Además, ofrecerá consultoría en el área de monitoreo y evaluación con el propósito de mejorar el desempeño de los miembros del Ministerio Público para que respondan de manera efectiva frente a esos delitos.
Mientras que el Ministerio Público se compromete a garantizar la participación de sus miembros en los talleres de fortalecimiento de capacidades que se impartirán de forma virtual o presencial, además de colaborar con la IJM en la creación de herramientas de gestión de casos y recolección de datos.
También, garantizar que la PETT esté dirigida por un miembro del Ministerio Público especializado y sensibilizado en el tema, así como socializar con el IJM las estadísticas sobre trata de personas y explotación sexual.
Para dar seguimiento a las acciones acordadas dentro del convenio, ambas partes designaron enlaces que se encargarán de dar cumplimiento fiel a lo establecido. Por la PETT, la designada es su titular, Johanna Bejarán, y por el IJM, Sonia Hernández o José Gomes.
Sobre la trata y los organismos
La Ley 137-03 define trata de personas como “la captación, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o la extracción de órganos”.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) establece las políticas de persecución de estas prácticas a nivel nacional y coordina con las procuradurías fiscales la investigación y el procesamiento de los casos, con la posibilidad de asumirlos de forma directa, cuando se determine su necesidad, en virtud del interés público.
En cuanto a la Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés) es una organización de derechos humanos que busca la justicia para las víctimas de esclavitud, explotación sexual y otras formas de opresión violenta.
