El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César De La Rosa Tiburcio, calificó como un exceso el allanamiento a los miembros de la Cámara de Cuentas por parte del Ministerio Público, no obstante tener la autorización de una jueza competente.
El abogado dijo que no se conocen las motivaciones sobre las cuales la magistrada, apoderada de esa solicitud, otorgó la autorización para ir a la Cámara de Cuentas.
“El hecho de tener esa autorización no significa que la propia magistrada haya incurrido también en un desconocimiento de la norma. En este caso compete el juicio político y luego de la destitución, en caso de encontrar evidencias de violaciones o haber cometido faltas graves, entonces sí pudiera el Ministerio Público apertura un proceso”, expresó.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, dijo que lo criticable de este caso es que hayan ido a la institución Cámara de Cuentas y no a las residencias de los integrantes de esa entidad, y también, que han dejado acéfalo ese órgano constitucional del Estado, porque en su incursión se llevaron herramientas propias de la labor que se realiza allí.
Reiteró que, aunque tenían la autorización para hacerlo, no deja de ser un exceso y una extralimitación del Ministerio Público el hecho de allanar como si se tratara de una entidad particular y no un órgano del Estado.
El presidente de Adocco recordó que la Cámara de Cuentas está en capacidad de realizar auditorías a la propia Procuraduría General de la República o cualquiera de sus dependencias.
Al preguntarle si los miembros de la Cámara de Cuentas pueden ser encausados penalmente sin antes haber sido objeto de juicio político, indicó que se ha iniciado el proceso desde atrás hacia delante, y destacó que esta figura del juicio político le está reservada a los funcionarios electos y designados para un período determinado.
“Yo me inscribí en esta apreciación de que los miembros de la Cámara de Cuentas debieron de cesar en este mes de febrero y el Congreso proceder a la escogencia de quienes le van a sustituir. No vemos la prisa del Ministerio Público de no esperar que se produjera esta decisión del Congreso… y ya a partir de ahí pudieran los nuevos miembros, apoderados de ese estamento, realizar las investigaciones y poder verificar si las acusaciones se corresponden”, consideró el abogado.
Explicó que una de las medidas que pudo haber tomado del Ministerio Público es que, si alguna auditoría no se corresponde con las evidencias que ha obtenido, pudiera en un juicio de fondo encauzar a los miembros de la Cámara de Cuentas y lograr que el juez apoderado de este evento autorice una auditoría forense.
Indicó que es a partir de ese proceso que se puede comprobar si hubo irregularidad y adulteración de datos, pero no porque lo diga pura y simple el Ministerio Público.
Agregó que para su sorpresa una auditoría que requiere meses se hizo en pocas horas, tras preguntarse cómo pudo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) lograr en tan poco tiempo apreciar que estaban adulteradas, cuando debió ser materia de una auditoría forense que se le practicara a las auditorías.