Higüey, La Altagracia.- En respuesta a una convocatoria realizada por el regidor Leonte Torres (El Choli) a través de una rueda de prensa y redes sociales, una multitudinaria marcha encabezada por mujeres vestidas de negro y otros representantes de la sociedad civil de la provincia de La Altagracia, reclamaron a las autoridades continuar los procesos iniciados para que Grupo Puntacana devuelva más de US$38 MM retenidos ilegalmente, y que el mismo sea utilizado para la realización de obras en favor de la comunidad.
La marcha comenzó a las 10:00 am en el parque principal de la ciudad de Higüey, donde numerosas personas se habían concentrado desde primeras horas de la mañana. Desde allí marcharon hasta el Palacio de Justicia, donde se hizo lectura de un manifiesto en el que se reclamaba a las autoridades que ejecuten el cobro y que dispongan esos fondos para la ejecución de obras reclamadas por diversos líderes comunitarios y de la sociedad civil, de la provincia.
Al terminar la marcha, un grupo de dirigentes comunitarios prendieron fuego a mascarillas donadas por Grupo Puntacana como muestra de rechazo y alegando que no están dispuestos a que les entreguen limosnas y exigen la entrega de los recursos retenidos para ser utilizados en infraestructura en beneficio de los más desfavorecidos.
Leonte Torres (El Choli), al dar lectura al manifiesto entregado en el Palacio de Justicia de esa ciudad de Higüey, solicitó a la Procuradora General de la República Dominicana que haga uso de sus buenos y valiosos oficios a los fines de que sea aclarada la denuncia que hay en los medios de comunicación sobre la distracción de más de 38 mil millones de dólares de los fondos públicos que fueron entregados a la Corporación Aeroportuaria del Este, sin que estos hayan llegado al Estado Dominicano para que estos fondos puedan ser invertidos en obras sociales.
“De igual forma les solicitamos ordenar de inmediato que sean identificadas cada una de las propiedades que existen en el municipio de Higüey, que tiene el Estado incautadas a personas que han infundido la ley para que esta sea usada como cárcel preventiva ya que la existente se ha convertido en la preventiva de la muerte”, agregó Choli.
El documento también solicita hacer investigaciones en la Provincia de La Altagracia y en especial en nuestro municipio, para que escuche al seno del pueblo, ya que, aquí opera un sistema dirigido por la clase empresarial que tiene secuestrado el desarrollo de nuestro pueblo por más de 40 años y cuando visitan las autoridades de Santo Domingo, esto no permiten que se conozca nuestra verdadera realidad.
