El Ministerio Público informó este lunes que han cobrado un total RD$92.7 millones por sanciones a personas y negocios, que violentan las disposiciones sanitarias para mitigar los contagios del Covid-19 en el país.
Mediante un comunicado, el órgano persecutor de la justicia indicó que las personas arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el Gobierno y que tengan dificultades económicas para cubrir el monto de la multa correspondiente, podrán realizar trabajo comunitario, siempre que logren la autorización de un juez competente.
Así lo dispone una instrucción impartida por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a todos los miembros del Ministerio Público.
“En caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, que soliciten al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario, de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro”, dice.
Indica N Digital que el instructivo, acompañado de las referencias al marco legal correspondiente, dispone que los agentes de la Policía Nacional deben presentar, “sin demora y sin falta”, por ante el Ministerio Público a toda persona arrestada por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos y privados de uso público.
Dichas restricciones, que se extienden hasta el 21 de este mes, se corresponden con lo dispuesto por el Decreto 7-21, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de enero.
La instrucción de la magistrada Germán Brito establece los montos a imponer a los ciudadanos y los negocios que desacaten las medidas dispuestas por las autoridades para contener la expansión de la COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, y que afecta a la humanidad desde el año pasado.
Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar RD$1,000; los motociclistas RD$2,000; una persona que se desplace en un vehículo RD$5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión RD$2,000.
Un bar, restaurante o un centro o espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas implicará una sanción de RD$100,000.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con RD$50,000; el de un vehículo de carga RD$30,000 y el de una gallera RD$100,000.
Cuando el cúmulo de faltas exceda los RD$100,000, “en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a RD$100,000”.
Desde que se estableció el toque de queda, a la Procuraduría General de la República ha ingresado un monto de RD$92,655,290 por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias.
De esos RD$92.7 millones, un total de RD$6.4 millones ingresaron en abril; RD$13.6 millones en mayo; RD$8.4 millones en junio; RD$1.9 millones en julio; RD$6.9 millones en agosto; RD$8.8 millones en septiembre; RD$11.8 millones en octubre; RD$13.5 millones en noviembre y RD$21.3 millones en diciembre.
La Procuraduría General de la República recordó que mantiene su respaldo permanente a las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
Recordó que seguirá cobrando las sanciones, pero, sobre todo, espera que los ciudadanos acaten los protocolos dispuestos para que República Dominicana pueda gestionar la pandemia, evitar muertes y disminuir las pérdidas económicas en medio de la situación sanitaria.
En su último boletín sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública reporta 1,179 contagios en 24 horas, para un acumulado de 183,888 casos registrados en todo el país. El número de defunciones se sitúa en 2,47 personas.
