La Cámara de Diputados se apresta a conocer este martes un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales de celulares en los centros penitenciarios de la República Dominicana.
La iniciativa reintroducido por su proponente, el legislador peledeísta Juan Julio Campos Ventura y colocado en la agenda de la Cámara Baja para este día. De acuerdo al congresista la medida para combatir delitos, crímenes, tráfico de drogas y otras violaciones a las leyes, que frecuentemente se realizan mediante el uso de teléfonos celulares desde las cárceles del país.
Este proyecto vuelve a debate en el Congreso luego de que autoridades determinaron que recientes asesinatos y otros delitos se planificaran desde los recintos penitenciarios del país y la Procuraduría General de la República ordenará la militarización del penal de la Victoria.
– LO QUE DICE NAGUERO.COM –
«Aún no comprendemos cómo es posible que esta situación se esté presentando en recintos penitenciarios. Se supone que quien se encuentra en privación de su libertad se le han restringido derechos por hechos ilícitos cometidos que le llevaron a ese lugar, pareciera como si en los últimos años, nuestras cárceles fueran un resort o vivienda común de bajo costo para entes de la sociedad que se dedican a vivir del crimen organizado».
En estos términos se expresó el director del Naguero.com al ser consultado sobre el tema. Dijo además que en dichos espacios deben existir políticas de comunicación que permita a privados de libertad estar en contacto con familiares o personas de afuera del recinto, bajo el estricto control de las autoridades que resguardan el penal y no que el uso de telefonía movil sea descontrolado y privilegio de esos espacios.
«Hace mucho tiempo que eso debió estar sucediendo en nuestras cárceles. Un privado de libertad no puede ni debe estar haciendo lo que le da la gana en esos espacios, también habría que determinar y penalizar a quienes dejan entrar de manera descontrolada esos aparatos al recinto, toda vez que este es un hecho ilegal y por ende se debe pagar el precio de haber cometido ese hecho», agregó.
