Toma fuerza en la “vox populi”, en las redes sociales y hasta en algunos círculos médicos, la opinión de que hay que volver de nuevo al estado de emergencia y al confinamiento general para contener la pandemia del Covid-19, medidas que si bien ayudaron a mitigar la propagación del virus, han tenido un efecto devastador en la economía.
El reciente estudio de la la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, puesto de relieve por el doctor José Joaquín Puello, que proyecta la posibilidad de siete mil muertos en el país para el mes octubre si no se toman las medidas restrictivas, ha tenido el efecto de preocupar a muchos dominicanos, aunque lo correcto es que también nos ocupemos de asumir la respuesta adecuada utilizando los mejores recursos del país, que comienzan por su gente.
El panorama es difícil y será inevitable establecer las medidas restrictivas necesarias para controlar la propagación del Covid-19, pero el cierre del país debe ser la última salida, ya que la paralización económica podría tan desastrosa como la misma pandemia, con el riesgo adicional de empujar a la población a una situación de sálvese quien pueda para sobrevivir a la crisis.
El llamado de Luis Abinader
Sin excluir las acciones racionales que pudieran imponer las circunstancias, el país debe tomar muy cuenta la reciente sugerencia del presidente electo Luis Abinader, al invitar al liderazgo social y comunitario a participar en una campaña continua de educación y sensibilización ciudadana para detener la propagación del Covid-19 en las diferentes comunidades del país.
“La autogestión educativa de la comunidad frente a la pandemia del Coronavirus debe contribuir a crear la disciplina social necesaria para detener esta amenaza contra la salud y la estabilidad económica del país”, expresó Abinader el pasado primero de julio.
La declaración de Abinader se produjo a propósito del lanzamiento de una propuesta para impulsar una campaña de educación ciudadana contra la pandemia, avalada por el movimiento Unidos por el Cambio, que coordina la doctora Milagros Ortiz Bosch; la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (CONAJUVE); el movimiento Compromiso Comunitario por el Cambio; la secretaría nacional de relaciones con la Sociedad Civil del PRM; y el Gabinete de Salud del presidente electo.
Del poder coercitivo a la articulación social
Hasta ahora la responsabilidad de imponer una disciplina social frente a la pandemia ha dependido de la vigilancia y el control de la Policía, que en los más de tres meses del pasado toque de queda dispuso el apresamiento de 92 mil 159 ciudadanos en todo el país y el cierre de más de 4 mil negocios, la mayoría de ellos en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, según datos ofrecidos por el director general de la Policía.
Probablemente quienes trazaron la estrategia de contención de la epidemia entendieron que para crear la disciplina social necesaria era suficiente un ejercicio severo autoridad a cargo de la Policía, sin tomar en cuenta el rol de la autogestión comunitaria y otras prácticas de movilización social auspiciadas en el pasado por el propio Ministerio de Salud Pública, amén de que tampoco se ha sentido el trabajo de los promotores de salud de ese organismo.
En agosto del 2019, el Ministerio de Salud informó la realización de una amplia jornada de movilización social, con la participación de más de 100 entidades públicas y privadas, para reforzar las medidas de control y prevención del dengue mediante la eliminación de más de un millón de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esa enfermedad. Una iniciativa como esa tiene ahora más justificación que nunca.
Tratándose de una causa que toca a todo el mundo, ahora es cuando más se requiere la participación proactiva del ciudadano y sus organizaciones representativas. Pero aunque se hable de un proceso de autogestión comunitaria, lo menos que debe esperarse es que los actores llamados a participar sean convocados por las autoridades concernidas.
No subestimemos el poder ciudadano
Por mi activo ejercicio en el trabajo social y comunitario me consta el poder que tienen las juntas de vecinos para incidir en la conducta social de sus comunidades. Así se puede constatar en los casos de la Ciudad Colonial, San Gerónimo, La Castellana, Los Prados, Sabana Perdida y La Loma del Chivo, que han contribuido a plasmar notables conquistas para ordenar el entorno urbano y mejorar su calidad de vida.
En el caso de la Loma del Chivo, en el Barrio 27 de Febrero, el liderazgo comunitario tiene el mérito de haber erradicado las pandillas juveniles y el micro tráfico, y organizado a los vecinos para lograr una escuela, mejorar el servicio eléctrico, reparar las calles, habilitar un parque, reconstruir viviendas, mejorar los callejones y rehabilitar a muchos jóvenes envueltos en la delincuencia común y el narcotráfico.
Experiencias similares, aunque motivadas por diferentes propósitos, se conocen en barrios populares de la Capital como Cristo Rey, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey y La Ciénaga. Por lo tanto, no hay que subestimar el poder ciudadano. Ninguna autoridad del Estado tiene más poder o liderazgo para influir en la comunidad y ayudar a disciplinar a sus pobladores, que los propios dirigentes sociales y comunitarios y sus organizaciones representativas. Y eso es lo que hace falta ahora, más que el confinamiento y la mano dura del poder coercitivo.
Luis José Chávez (14 de julio 2020)