Santo Domingo. La abogada Coralia Martínez, quien ha decidido ejercer acciones judiciales contra el arquitecto Guarionex Gómez Javier (Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores) a los fines de que el mismo sea procesado penalmente por la comisión de diversos actos de corrupción, ha procedido a apoderar a la justicia para que la misma le ordene a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa que proceda a investigar al referido arquitecto y Presidente del CODIA.
Coralia Martínez por intermedio de su representante legal Alejandro Alberto Paulino Vallejo, ha decidido emprender una batalla legal para que impere la justicia, la ley y el orden constitucional en la administración presupuestaria del referido gremio colegiado. En fecha 22 de Abril del año 2019, Martínez interpuso una querella por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el Presidente del CODIA por la comisión de los delitos Desfalco y Prevaricación.
Como el Ministerio Público no había iniciado la investigación de carácter penal contra el arquitecto Guarionex Gómez Javier, la querellante demandó en resolución de peticiones contra el PEPCA por ante el magistrado juez José Alejandro Vargas, el cual declaró inadmisible dicha acción judicial mediante una decisión judicial la cual en fecha 26 de Julio del presente año fue apelada por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La recurrente en apelación Coralia Martínez por intermedio de su abogado solicitan a la Corte de Apelación que la decisión judicial de Alejandro Vargas sea revocada y que se le ordene a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa proceder a investigar al Presidente del CODIA.
La Lic. Coralia Martínez plantea en su Recurso de Apelación plantea que el Ministerio Público está obligado a investigar los delitos que tenga conocimiento, tomar las medidas necesarias para detectar los actos de corrupción administrativa y ejercer la acción penal pública en beneficio de la sociedad, los cuales en la especie no han ocurrido, razones por las cuales procedió judicialmente contra dicha instancia adscrita al Ministerio Público.