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FMI proyecta crecimiento de 5.5% de la economía de RD; advierte “riesgos”

SANTO DOMINGO.- El Fondo Monetario Internacional dijo que las perspectivas de República Dominicana son favorables y que espera que la economía de este país crezca 5.5 % este año y 5 % a mediano plazo, aunque admitió que la misma tiene “riesgos a la baja” tales como “una demanda externa más débil de lo esperado y precios de la energía más altos”.

Observó que la deuda pública dominicana presenta una tendencia de aumento a pesar del fuerte crecimiento, por lo que instó a “redoblar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad” de la misma.

Los criterios en este sentido fueron emitidos por el organismo internacional luego que este 5 de junio concluyera la consulta del artículo cuarto de su acuerdo con la República Dominicana. Los mismos fueron dados a conocer por el Banco Central en un documento remitido a esta redacción cuyo texto es el siguiente:

“El 5 de junio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con la República Dominicana.

El crecimiento de la economía repuntó a un máximo sin precedentes de 7% en 2018, con un impulso positivo que se mantiene en la primera parte de 2019. El retorno a un crecimiento superior al potencial en 2018 fue el resultado de una sólida respuesta de la inversión y consumo privados a un oportuno impulso monetario introducido tras la desaceleración de 2017, a condiciones externas favorables y a un continuo afianzamiento del mercado laboral.

El desempeño económico muy sólido de los últimos años, respaldado por las políticas de las autoridades, propició una sustancial reducción de la pobreza y la desigualdad, y la continua convergencia de los ingresos hacia los niveles de economías avanzadas.

La aceleración de la actividad no ha ejercido presión sobre los saldos internos ni externos: la inflación se mantuvo moderada y la posición externa continúa siendo sólida. Esto permitió que las políticas monetarias y fiscales adoptaran una orientación entre neutral y restrictiva en 2018, para guiar la actividad económica hacia su nivel potencial.

Las perspectivas son favorables, y los riesgos para el crecimiento son moderados y están equilibrados. Se prevé que el crecimiento se modere a alrededor de 5½% en 2019 y 5% a mediano plazo, en ambos casos dentro del rango estimado para el potencial.La moderación obedecerá a una desaceleración en la expansión del crédito, un entorno internacional menos favorable y mayores precios del petróleo.

Se espera que la inflación aumente gradualmente al rango fijado como meta del banco central de 4±1%, debido al repunte de los precios de los alimentos y el petróleo. Se proyecta que la posición externa siga siendo en general coherente con los fundamentos económicos y esté holgadamente financiada por la inversión extranjera directa (IED).

Los principales riesgos a la baja para las perspectivas son una demanda externa más débil de lo esperado y precios de la energía más altos.

Por el lado positivo, el ímpetu de la demanda interna en el corto plazo podría ser más intenso de lo previsto, dado el sólido crecimiento de los ingresos.

Los directores ejecutivos elogiaron a las autoridades por el sólido desempeño económico, reflejado en un dinámico crecimiento, el bajo nivel de inflación, una posición externa estable y los mejores resultados en materia social.

Los directores también señalaron que las perspectivas siguen siendo positivas, aunque están sujetas a riesgos. Alentaron a las autoridades a aprovechar el actual entorno favorable para incrementar aún más la resiliencia de la economía a posibles shocks, creando espacios fiscales y constituyendo reservas, y a la vez apuntalando el crecimiento a largo plazo y los resultados sociales mediante reformas para abordar obstáculos estructurales.

Los directores celebraron el compromiso de las autoridades de mejorar la posición fiscal, por ejemplo, mediante reformas de gran alcance de la administración tributaria para reducir la evasión, movilizar ingresos y mejorar la gestión de gobierno. No obstante, dado que la deuda pública presenta una tendencia de aumento a pesar del fuerte crecimiento, los directores instaron a redoblar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda. Subrayaron la necesidad de un ajuste concentrado en la etapa inicial que tenga como objetivo ampliar la base impositiva y reducir la carga que el sector eléctrico supone para el presupuesto nacional, pero que a la vez proteja el espacio fiscal necesario para la inversión pública en pro del crecimiento y el gasto social.

Los directores asimismo respaldaron la adopción de un marco fiscal de mediano plazo, con un claro anclaje de las políticas y elementos de responsabilidad fiscal, a fin de garantizar la credibilidad de las políticas y limitar los riesgos fiscales.

Dada la inflación moderada, los directores recomendaron mantener la actual orientación neutral de la política monetaria, pero condicionándola siempre a los datos en el caso de que surgieran presiones.

Dieron la bienvenida también los continuos esfuerzos para fortalecer el marco de política monetaria, destacando las ventajas de anclar las expectativas de inflación, y apoyaron los planes para recapitalizar el banco central e introducir la plataforma electrónica de negociación de divisas con el fin de incrementar la transparencia y eficiencia de los mercados cambiarios y las políticas cambiarias. Teniendo en cuenta la posición externa favorable, los directores recomendaron seguir acumulando reservas internacionales.

Los directores celebraron la estabilidad del sistema financiero y las reformas de amplio alcance destinadas a incrementar la resiliencia financiera. Apoyaron la modernización en curso del marco institucional para la supervisión de riesgos sistémicos, el fortalecimiento de la regulación y supervisión bancaria y las reformas en el ámbito de ciberseguridad. Alentaron a las autoridades a adoptar nuevas medidas, tales como el fortalecimiento de la supervisión de las instituciones financieras no bancarias.

Los directores elogiaron los recientes avances en la actualización del marco jurídico para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) y alentaron a las autoridades a incrementar su eficacia”.

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