Cuando Danilo Medina concluya su actual gestión el 16 de agosto del 2020, probablemente lo haga convertido en el único de los presidentes dominicanos del siglo 21 que ejerció sin la sombrilla o tutela de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
También tiene amplias posibilidades de poder concluir un período de Gobierno sin haber realizado una reforma al sistema impositivo.
Concluir un periodo gubernamental sin el apalancamiento del FMI y sin aporte económico de una reforma fiscal son condiciones que ninguno de los gobiernos del 2000 en adelante había logrado. En la práctica, cada pacto con el Fondo que implique crédito del organismo financiero internacional conlleva una reforma impositiva.
Cuando el 16 de agosto del 2012 inició el primero de los dos periodos gubernamentales del Presidente Danilo Medina, hacía cinco meses que el país había concluido anticipadamente un acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI, que dejó pendiente el último tramo y US$500 millones por desembolsar. Se produjo un impasse en la aprobación de la última revisión por el tema de la tarifa eléctrica, a la cual el Gobierno se resistió, pues previamente se habían realizado dos incrementos, por aproximadamente un 20% consolidado.
Medina y su actitud fiscal
En la parte fiscal, el Gobierno que inició en agosto del 2012 presentó una reforma que se aprobó en noviembre de ese año bajo el nombre de reforma para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. En su propuesta original era una de las más completas iniciativas por el monto esperado de recaudación (cerca del 2% del PIB) y porque tocaba todas las fuentes posibles de gravar, el ingreso, el consumo y el patrimonio o riqueza. Pero su alcance fue reducido desde antes de ser aprobada, pues en el Congreso se les hicieron cambios que redujeron el aporte esperado, y luego de ser aprobada, el propio Gobierno dejó en suspenso algunas figuras contenidas.
Las relaciones con el FMI y su correspondiente vinculación a reformas fiscales del presente siglo comenzaron prácticamente desde el cambio calendario, cuando en noviembre del 2000 se aprobó la Ley 147-00, que entre otros aspectos creó una nueva escala de tasas en el Impuesto sobre la Renta para las personas físicas, de 15,20 y 25%. También en ese año se aprobó el régimen impositivo para los combustibles.
Y de relaciones con el FMI, el primer acuerdo del siglo actual fue pactado en el 20203, por un monto de US$437.8 millones. El convenio, firmado en el Gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía, se gestionó por la crisis financiera que afectaba al país luego de la quiebra de tres bancos comerciales. Del monto pactado solo se recibieron US$131.3 millones, porque el acuerdo se cayó cuando el Gobierno adquirió de la empresa Unión Fenosa el 50% de la propiedad en las distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur. La medida, según se afirmó entonces, violó el acuerdo suscrito conel FMI en la parte del límite del crédito al sector público.
El gobierno que inició el 16 de agosto del 2004 concluyó el remanente del calendario de ese ano sin acuerdos con el organismo multilateral, pero para el 2005 negoció un pacto tipo Stand By por un monto de US$437.8 millones, el cual en mayo del 2007 fue extendido hasta el 2008.
Antes de acordar con el FMI la administración gubernamental del presidente Leonel Fernández iniciada en agosto del 2004 había presentado la Reforma Fiscal que se aprobó mediante la ley 288-04, y que fue para compensar los ingresos aduaneros que se eliminarían con el acuerdo DR Cafta. Esa reforma sirvió en algo para allanar el camino y justificar el acuerdo con el Fondo del 2005 que se extendió hasta el 2008.
En el 2009 se firmó el acuerdo de mayor valor y duración con el FMI, por el equivalente a US$1,700 millones y 2.5 años de duración.
Durante la vigencia de ese pacto el Gobierno realizó, en el 2011, una nueva incursión fiscal, con una ley que entre otros aspectos, estableció y aumentó impuestos a los juegos de azar. Fue la última incursión impositiva de las administraciones Fernández del 2004 al 2012.
Desde Trujillo, Balaguer, Jorge Blanco, HM y LF
Desde el año 1959, cuando se firmó un acuerdo por US$9.0 millones, el país ha tenido diferentes pactos con el Fondo Monetario Internacional. Seis años más tarde se firmó el segundo, en esa ocasión por valor de US$25.0 millones. Pasaron casi 20 años para que República Dominicana tocara las puertas del Fondo. Lo hizo en el ano 1983, cuando el entonces presidente Salvador Jorge Blanco firmó el que ha sido hasta la fecha el más drástico y tormentoso acuerdo con el FMI. Fue por US$450 millones. La dureza de los ajustes que que provocaron una poblada en el 1984, el Gobierno lo cambió en 19815 por otro más flexible, con una dotación de US$78.5 millones. El presidente Balaguer firmó dos pactos en 1991 y 1994.