El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, reitera que en la República Dominicana no hay apátridas, defendiendo el derecho soberano del Estado de decidir quiénes son sus nacionales.
En escrito de este día en su columna Observatorio Global publicado en el Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital, niega esta calificación y explica que los descendientes de extranjeros con estatus migratorio irregular pueden declarar a sus descendientes en las oficinas consulares de sus países respectivos.
“En la República Dominicana, conforme a la Constitución del año 2010, no podrán disfrutar de la nacionalidad dominicana aquellos que a pesar de haber nacido en territorio nacional son descendientes de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, así como de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente”, relata Fernández referido por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Apunta que la nacionalidad, por derecho de suelo o jus solis, no tiene lugar de manera automática en la República Dominicana y que para que sea posible, se requiere, además, la condición de que los padres de la criatura sean dominicanos o residan legalmente en territorio dominicano.
Afirma que esa confusión sobre el modelo de otorgamiento de la nacionalidad en la República Dominicana ha ocasionado que nuestro país sea acusado de racista, xenofóbico y de haber desnacionalizado a ciudadanos.
“Pero nada de eso es cierto. Esa misma confusión es la que ha tenido la periodista y especialista en asuntos culturales, Taylor Hoskin. Ella ha cuestionado, de manera válida, la pretensión del presidente Trump de dejar sin efecto, en su país, el derecho de nacionalidad en base al jus soli incondicional”, sostiene el presidente del PLD.
Sin embargo, subraya el expresidente de la República, resulta inaceptable que al hacerlo sostenga el argumento de que la República Dominicana, al no asumir el jus soli absoluto o incondicional, “creó la mayor población apátrida en el hemisferio occidental.”
Sostiene que no hay razón para acusar a la República Dominicana de emplear una ideología racista y tomarla como referencia para oponerse a las pretensiones del presidente Trump, de suprimir, en los Estados Unidos, el derecho de nacionalidad o ciudadanía por el jus soli incondicional, cuando hay otros 163 países que comparten nuestro mismo modo de reconocimiento de nacionalidad.
“Al igual que esos otros países, la República Dominicana tiene el derecho soberano de decidir quiénes son sus nacionales”, agrega.
