La Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas informaciones adicionales sobre todos los consorciados y/o empresas vinculadas a Odebrecht en República Dominicana.
Durante una audiencia celebrada ayer en la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, donde la empresa brasileña pide que se anule la resolución que la inhabilita provisionalmente como proveedora del Estado, Contrataciones Públicas informó que el Ministerio Público les envió una carta que dice que tienen unas investigaciones penales en curso.
Odebrecht interpuso un recurso de amparo contra la resolución 08-2017, amparada en el acuerdo firmado con la Procuraduría en el que admite haber pagado US$92 millones en sobornos y se compromete a entregar el doble del monto dado a funcionarios y exfuncionarios públicos.
“Queremos hacer hincapié de que el acuerdo, como hemos dicho, es solamente un acto suspensivo de la acción penal. No se le ha entregado a la Dirección General de Contrataciones Públicas un acto conclusivo que exponga las condiciones que se establecieron en la propia resolución que le permitan evidenciar que ciertamente la motivación estuvo”, expresó la abogada Yasmín Cerón.
“Y si tuviéramos todavía duda, cabe destacar, y así hemos depositado en los documentos que están en el expediente administrativo, que a principio de este mismo año la Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas otras informaciones adicionales de todas las empresas que están vinculadas a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, y en la cual ésta de manera muy clara señala y cito que dice que están solicitando la información de la investigación porque existen investigaciones penales en curso”, puntualizó.
La Constructora Odebrecht interpuso el amparo contra Contrataciones, el Ministerio de Hacienda y el Estado Dominicano. Los jueces Román Berroa, presidente, Vanessa Acosta y Merilaine Collado, se reservaron el fallo para una próxima audiencia.
Las entidades estatales pidieron declarar inadmisible el recurso de amparo por considerar que existen otras vías para hacer valer sus derechos. Afirman que lo que procede es un recurso contencioso administrativo. Y, de manera subsidiaria, pidieron rechazar el amparo por no estar basados en hechos que se correspondan con la realidad.
Contrataciones Públicas dijo, además, que para dar respuesta a las solicitudes que la constructora le ha hecho, se hace necesario que el Ministerio Público como ente que solicitó la inhabilitación, le remita un informe motivado para determinar si suspende de manera definitiva el registro de proveedor o lo rehabilita, sin embargo, esto no ha ocurrido a pesar de que se lo han pedido en tres ocasiones.
