El juez Francisco Ortega, encargado de la instrucción del caso Odebrecht, notificó a los siete procesados en la acusación formal presentada contra ellos por el Ministerio Público.
La notificación se habría realizado a través de la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia.
El pasado jueves el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, ratificó la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el senador oficialista Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno Andrés Bautista.
De igual forma a los ex senadores y miembros del PRM, Roberto Rodríguez y Jesús “Chu” Vásquez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón.
Durante su alocución, el magistrado procurador, anunció además la exclusión del expediente del exministro de Industria y Comercio y dirigente del PLD, Juan Temístocles Montás, el diputado del PRM, Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura.
También quedaron fuera de la acusación el exdiputado Rudy González, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes, al igual que los demás, guardaban distintas medidas de coerción por el caso.
La exclusión de estas ocho personas ha generado fuertes críticas de sectores políticos y de la sociedad civil, entre ellos, el colectivo Marcha Verde, surgido tras desvelarse los sobornos, y que asegura que el expediente “blinda la élite corrupta” del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ya que Montás, Valentín y Segura son miembros del influyente comité político de ese partido.
Ante los cuestionamientos, la Procuraduría General (PGR) defendió ayer el expediente presentado en contra de los siete imputados y aseguró que la acusación, de 558 páginas, “está acompañada de 1.368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios”.
La PGR insistió en que encontró “pruebas fehacientes y suficientes” que vinculan a los imputados con los 92 millones de dólares en sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Caso periodista
Se recuerda que el Ministerio Público informó que estuvieran siendo investigados los periodistas Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara por supuestos sobornos, pero hasta el momento, se desconoce si se seguirá un proceso en su contra y si los mismos han sido debidamente notificados y presentada formal denuncia.
