Hablar sobre el tema haitiano cada vez se torna más confuso: unos entienden que se trata de odio racial, otros de violación a los derechos humanos, y otros más, lo ven desde un punto de vista del derecho soberano de un estado/país en implementar las políticas migratorias que entienda debe aplicar para mantener bajo cierto control la entrada indiscriminada de nacionales de determinados países.
Lo cierto es que en República Dominicana la entrada de haitianos con un status migratorio irregular, ha sobrepasado todas las expectativas, a un nivel tan desconcertante que se hace imposible determinar, aún a una escala aproximada, la cantidad de nacionales haitianos, regulados y no regulados, que cohabitan en nuestro territorio.
Ante esta escalada masiva de inmigrantes haitianos, cabe preguntarse: ¿está el estado dominicano en la obligación y el deber de implementar un plan de depuración y deportación de todos los ciudadanos haitianos que se encuentren de manera irregular en nuestro país? La respuesta lógica y obligada debe ser afirmativa.
Todo ciudadano tiene derecho a buscar mejorar su calidad de vida en otro país, pero ello debe hacerse respetando el marco legal del país al que se pretende ingresar.
Esta embestida debe ser frenada, y es al estado dominicano, a través de las dependencias a su cargo, que le corresponde tomar cartas en el asunto. Para luego, podría ser muy tarde.
Richard Luzón
